Un estudio reciente reveló las estrategias utilizadas por empresas multinacionales y cámaras empresariales en México para intentar frenar y moldear el etiquetado que advierte a consumidores sobre el exceso de azúcar, sodio y grasas en los productos chatarra.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Cámaras empresariales de México y multinacionales intentaron frenar y modificar de acuerdo a sus intereses las reformas y la norma que regulan el actual etiquetado de advertencia para alimentos ultraprocesados, primero durante la discusión en el Poder Legislativo y de manera más reciente a través de amparos, reveló un estudio.
Ana Larrañaga, autora de la investigación elaborada en colaboración con Bertha Foundation, detalló que la oposición a la política pública que entró en vigor en 2020 se registró en diferentes ámbitos, el primero fue en el Poder Legislativo.
“Las industrias, a través de cámaras como ConMéxico que agrupa a Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé, Kellogg’s, Bimbo y otras multinacionales de ultraprocesados estuvieron muy presentes a través de aliados en el Legislativo. Otras estrategia fue reventar sesiones de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados pidiéndole a aliados legisladores y legisladoras que no acudieran a una sesión que ya estaba en curso y, por ejemplo, esa sesión tuvo que posponerse, no se pudo sesionar por falta de quórum”, expuso en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, que se transmite cada martes en Estudio B, canal de YouTube de SinEmbargo.
La tercera entrega de la investigación Bajo la Mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México detalla que, después de discutir durante semanas un dictamen de reforma a la Ley General de Salud, la entonces Diputada de Morena Tatiana Clouthier –vocera del equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum– intentó introducir un artículo transitorio alineado con el sector alimentario que invitaba a las industrias de alimentos y bebidas a discutir cómo debía ser el nuevo etiquetado.
“El cambio que quería hacer de los transitorios venía con un archivo y en el nombre del propietario del archivo venía el nombre de la cabildera de ConMexico. Entonces, ahí se veía claramente a la diputada Tatiana se le acercó la industria, y le dieron tal cual el texto”, señaló un representante de la sociedad civil citado en el estudio.
A ello se sumó que representantes del sector alimentario buscaron citas con las y los integrantes de la Comisión de Salud, también dejaron en sus oficinas carpetas con opiniones negativas sobre los etiquetados y “detalles”, como los que Coca-Cola entregó a
legisladores involucrados en el dictamen.
“En llamativas cajas se encontraban grandes llaves llenas de color, que simbolizaban ‘las puertas abiertas de Coca-Cola’, junto con cartas personalizadas que les invitaban a conocer las operaciones de sus plantas refresqueras, y ofrecimientos a colaborar”, se lee en la investigación.
durante las discusiones de las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado. Foto: Estudio Bajo la Mira de El Poder del Consumidor y Bertha Foundation
En el Senado también se registraron intentos de modificar las reformas para beneficiar al sector privado, principalmente de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), a través de las Senadoras Sylvana Beltrones y Xóchitl Gálvez, actual candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.
Pese a los intentos de retrasarlo, el dictamen avanzó, pero siguió la oposición de cámaras como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y MexBeb.
Ana Larrañaga recordó que los representantes de la industria se opusieron a la evidencia científica sobre el daño que causa el consumo en exceso de ultraprocesados durante el proceso a cargo de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) que regula el etiquetado.
Durante el proceso de consulta pública para aprobar la norma, empresas como Nestlé y Jumex pidieron a sus proveedores enviar comentarios en contra.
“Diversas cámaras estuvieron en alianza y lo que hacían era constantemente oponerse, por ejemplo, a la evidencia que presentaban institutos de salud, hospitales, centros de investigación sobre por qué estos productos no son idóneos para el consumo infantil. No reconocían la evidencia y sus debates no tenían un sustento académico sólido, libre de conflicto de interés, pero lo que hacían era tratar de retrasar lo más posible las conversaciones con las autoridades”, mencionó la investigadora.
La organización ciudadana El Poder del Consumidor recordó que la participación de perfiles ajenos al Gobierno y la industria fue inequitativa, pues académicos, agencias internacionales y la sociedad civil sin conflictos de interés sumaron ocho representantes, mientras que la industria tuvo 36.
El etiquetado de advertencia actual obliga a colocar sellos octagonales de color negro en productos con exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio, además de advertir si estos comestibles contienen edulcolorantes o cafeína y así precisa que no se recomiendan para el consumo de niños y niñas; también ordenó el retiro de personajes dirigidos a la infancia para promocionar ultraprocesados con sellos, una medida que las empresas trataron de frenar al denunciar violaciones a la ley de propiedad intelectual.
“La postura del sector empresarial estaba a favor de defender el uso de personajes a pesar de que se presentó evidencia que demostraba cómo el uso de este tipo de personajes en empaques de alimentos con un perfil nutrimental menos favorable hace más propicio que los consumidores más jóvenes prefieran esos productos por encima de otros”, expuso Larrañaga.
La implementación del etiquetado actual ha sido celebrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la claridad con la advierte de los productos que contienen exceso de calorías, azúcares, sales, grasas saturadas y grasas trans, a diferencia del anterior, llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) que fue aprobado en 2014, con el respaldo del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sin la participación de expertos en nutrición libres de conflicto de interés y sin tomar en cuenta recomendaciones de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).
“Cuando se aprobó el etiquetado anterior las industrias callaron porque claramente era una norma que les beneficiaba. En esta ocasión el proceso se abre, se hace más plural, se sale a consulta pública y el etiquetado queda no como ellos querían, sino como la evidencia demostró que era lo más fácil de entender para nosotros y nosotras como consumidores en México, y es entonces que comienzan a ampararse diciendo: ‘en el proceso hubo irregularidades’, cuando los intentos de entorpecerla vinieron de este mismo sector”, mencionó la autora del estudio de caso presentado el 6 de febrero.
La organización ciudadana El Poder del Consumidor recordó que desde hace tres años la industria de ultraprocesados ha intentado frenar el etiquetado de advertencia. En 2020 logró una suspensión sobre la NOM-051 y desde que fue revocada siguió una serie de amparos.
“Ahora, con los instrumentos normativos y este marco legal ya consolidado, lo que están intentando hacer es atacar desde lo legal. Impulsan amparos, unos han llegado a la Suprema Corte –como ocurrió el año pasado con los que promovieron las empresas Barrilitos, Santa Clara y Hérdez para cuestionar la constitucionalidad del etiquetado frontal– y no dudamos que agrupaciones presenten más como una estrategia de oposición toda vez que no pudieron detener el proceso en el Poder Legislativo, aunque lo intentaron, y tampoco pudieron moldear el proceso a su beneficio en el proceso de la Norma”, alertó Ana Larrañaga.
